Pasado y presente de la Economía Argentina:
Anagrama de una catarsis colectiva

Luego de la renuncia de De la Rúa, se sucedieron tres presidentes en menos de dos semanas. Finalmente, Eduardo Duhalde fue investido en la primera magistratura y comenzó con los cambios para superar la crisis.
La primera medida fue la tan temida devaluación. Al romper la equivalencia con el dólar el peso cae por su propio peso. Tras un par de semanas la depreciación era superior al 73 por ciento y el nivel de vida argentino cae de manera proporcional al valor de su moneda en el mundo.
La inflación aumenta de manera exponencial junto con la deuda privada. Los salarios, aunque nominalmente son iguales, cada vez son menores. Los ahorros y las inversiones pierden su valor. Se habló de detener la escalada de índices fijando precios y congelando la divisa, pero el FMI no lo permite.
Argentina ya no era pobre, ahora es indigente.

¿Por qué hay crisis en Argentina?

A pesar de los estudios y análisis que se puedan hacer esta pregunta no tiene una única respuesta. Desde los comentarios de Dornbush sobre el facilismo que tiene Argentina en sus crisis y la falta de iniciativa política para mejorar los problemas estructurales de la nación trasandina; hasta la culpa de Estados Unidos y el FMI que bajo su tutela hay dejado caer y rebotar a cuanta nación han encontrado con tal de “probar” sus políticas, como aseguró más de una vez Stiglitz. Nadie puede decir a ciencia cierta qué es lo que le pasó a Argentina.
Sin embargo, se pueden establecer algunos de los elementos más importantes que desataron la crisis:

1. La deuda externa: La deuda pública que Argentina ha contraído con bancos extranjeros e instituciones internacionales ascendió a 154 mil millones de dólares en 2001, esto significa que la mitad de la producción nacional y una cantidad mayor del presupuesto nacional debería dedicar al pago de dicha deuda. Así, el presidente Duhalde decretó el cese de los pagos. Aunque el default sólo fue válido para una cuota de la deuda con el FMI esto aumentó el riego país de la nación, haciendo crecer aún más la deuda y dificultando el refinanciamiento de ésta.

2. Las políticas del FMI: Para obtener nuevos préstamos el FMI obligó al gobierno argentino a cumplir una serie de políticas restrictivas al gasto. Estas medidas obligaron a disminuir el gasto público en servicios básicos y a privatizar las empresas públicas, para empequeñecer el tamaño del Estado y darle mayor espacio en la economía al sector privado.

3. El corralito y los políticos: Luego de las medidas tomadas por el Gobierno para evitar la fuga de capitales desde el país, los políticos han sido calificados de ineptos, corruptos y de tener su dinero resguardado en el extranjero.
En 1996, el senador Luis Barrionuevo dijo que “es necesario que nos pongamos de acuerdo (los políticos argentinos) de no robar durante dos años”. Quizá, si se hunieran atendido sus peticiones, la realidad argentina hubiese sido otra.

4. El no sinceramiento de la economía pre crisis: La paridad peso/dólar sirvió para controlar la inflación de hasta tres dígitos que se registraba afines de la década de 1980 se mantuvo en el tiempo sobrevaluando la moneda, encareciendo los productos y distorsionando las variables macroeconómicas. Al no existir la política monetaria, se abusó de la política fiscal.

5. El populismo: Ésta debilidad de los diferentes Gobiernos que se suceden en Argentina ha probado que no termina con los años ni las crisis. La mecánica de culpar a las empresas extranjeras o españoles de “robar y llevarse la plata fuera del país” se repite aún con la presidencia de Kirchner, ahuyentando inversiones y esquivando la responsabilidad y desviando la ira de los ciudadanos.

6. El gnoqui: Más conocido como la persona que acude a las empresas públicas sólo el último día de cada mes a cobrar un salario sin haber realizado ningún trabajo. Sólo en el Gobierno de Fernando de la Rúa había más de tres mil asesores. Esta hiperinflación de empleados públicos se repite también en cada uno de los 23 Gobiernos de las provincias que tiene Argentina.
Aunque no existen cifras oficiales, se calcula que entre un 30 a un 40 por ciento de los empleados argentinos son funcionarios o gozan de algún tipo de subsidio.